El caso de una niña de 8 años abusada y embarazada por alguien de su entorno familiar revive nuevamente la falta de una política pública certera y de protección, advierten especialistas.
Indican que existe duda sobre la efectividad de la institucionalidad.
Además resaltan que su aumento podría estar ligado a una carencia de valores familiares.
El abuso deja secuelas inimaginables en las víctimas.
Apelan a una restructuración a nivel judicial, que brinde certeza de castigo.
Las denuncias presentadas en enero del 2021 fueron 416, mientras que en enero de 2022 fueron 472, es decir, el aumento porcentual es del 13%.
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